La distorsiva estructura impositiva de la Argentina.
Informe de ADECRA
En todo país organizado, los impuestos constituyen un componente vital de su vida productiva y comunitaria. Sin embargo, para que los tributos no se erijan en un obstáculo al desarrollo económico es imprescindible que en su aplicación no desalienten la producción y que el Estado los transforme en valor social a través de la provisión de bienes públicos de alta calidad. En Argentina, en cambio, prolifera una anarquía de impuestos que penalizan la actividad productiva conduciendo inexorablemente al deterioro productivo del sector salud y el resto de las actividades. La agenda para el cambio no es técnicamente compleja. Pero requiere de altas dosis de sentido común, compromiso y responsabilidad política. En este número de los Estudios Económicos de ADECRA se aborda este urgente y acuciante problema y se proponen lineamientos para comenzar a transitar el camino de las soluciones.
¿Para qué sirven los impuestos?
En el mundo moderno, el individuo es concebido como la unidad esencial de la sociedad el cual requiere de la libertad de trabajar, comerciar y ejercer industria lícita para poder ser artífice de su propio desarrollo. Desde esta perspectiva, el Estado es el mecanismo colectivo a través del cual se regulan las actividades de los individuos y se financian los bienes y servicios de uso común, también conocidos como bienes públicos. Los bienes públicos son aquellos bienes y servicios que todos los ciudadanos necesitan para una vida más segura, próspera y de bienestar, pero que no pueden ser medidos en la exacta proporción que cada uno lo consume. Por eso, su provisión debe ser financiada colectivamente. En esta definición entran la seguridad pública, la conservación de los espacios verdes, el ordenamiento urbano, la construcción de caminos y vías de comunicación para el libre transito, la salud pública, la educación pública, la generación de normas de convivencia, la administración de justicia, el control ambiental, entre las más típicas. Este es el primer factor que explica la necesidad de los impuestos: financiar el funcionamiento del Estado en su función de mecanismo colectivo de regulación y proveedor de bienes públicos.
Desde esta perspectiva, se entiende que los impuestos deben guardar el mínimo nivel imprescindible para lograr un funcionamiento apropiado del Estado, y el Estado debe ser lo suficientemente eficiente para que el costo de su manutención no implique exacciones innecesarias a los ciudadanos.
Por otro lado, la existencia de desigualdades económicas entre los ciudadanos ha llevado a que el Estado asuma un rol adicional. Debe procurar atenuar las brechas de desigualdad económica para impedir, o al menos minimizar, situaciones de privación excesiva y evitable a los ciudadanos que no tienen capacidades suficientes para proveerse de su propio bienestar.
Así, los impuestos adoptan una segunda función, tan importante como la anterior, que es la de redistribución.
Finalmente, se erige una tercera finalidad que es la de tomar a los impuestos como mecanismos inductores de conducta. Tras esta finalidad se diseñan impuestos dirigidos a penalizar las actividades que generan efectos dañinos para la sociedad. En esta razón se inscriben los impuestos destinados a castigar la polución en el medio ambiente, el consumo de tabaco y bebidas alcohólicas, los peajes como método para minimizar la congestión de tráfico, los impuestos más bajos para bebidas con jugos de fruta, etc, en suma, la utilización de los impuestos como instrumentos generadores de conductas.
En conclusión, ante la pregunta “¿para qué sirven los impuestos?” La respuesta es para tres cosas:
a) para financiar al Estado en su rol de regulador y proveedor de bienes públicos;
b) para redistribuir ingresos; y
c) para inducir conductas saludables o necesarias.
¿Qué dice la teoría económica en torno a cómo se deben aplicar los impuestos?
Un principio general de la teoría de la tributación–muy poco comentado, pero que es central para el desarrollo económico y social–es el de neutralidad.
Esto es, los impuestos no deben, o deben influir lo menos posible, las decisiones individuales de producción para no afectar la asignación eficiente de recursos durante el proceso productivo. Tomando como ejemplo el caso de una clínica o un sanatorio. El proceso productivo consiste en adquirir o alquilar un local apropiado, apropicuarlo para el funcionamiento como institución
de salud, comprar bienes de capital, contratar personal, comprar insumos médicos y no médicos, realizar la gestión comercial para contratar con los financiadores y comenzar a funcionar. El principio de neutralidad sostiene que ninguna de las acciones enumeradas deberían estar gravadas. El motivo: si se grava un factor en particular, se encarece ese factor con respecto al resto, con ello se induce un menor uso de él y esto se traduce en una menor producción que la que podría haberse obtenido sin el impuesto. Suponiendo por un momento que el impuesto se aplica sobre la contratación de personal (el clásico impuesto al trabajo), las clínicas y sanatorios tenderán a ajustar las horas-hombre a un nivel inferior al que surgiría de un escenario de no impuesto. Con menos horas-hombre, se utiliza menos capacidad instalada, menos insumos y se atienden menos pacientes. Este efecto negativo ocasionado por el impuesto se extiende al resto de la economía dado que la institución demanda menos empleo y menos insumos impactando negativamente en la demanda de los proveedores del sector. De esta forma, este hipotético impuesto al trabajo no cumplió con el principio de neutralidad
porque modificó la conducta del administrador de la institución sanitaria, induciéndolo a contratar menos personal y con ello disminuyó la utilización de los otros insumos produciendo menos atención médica y demandando menos insumos a los proveedores haciendo que éstos también produzcan menos.
De este ejemplo simple se deduce una primera conclusión importante: la neutralidad de los impuestos se logra cuando no se aplican sobre un factor productivo (trabajo, capital, insumos y edificios). La segunda conclusión es que la producción (de la institución de salud y del resto) se maximiza cuando los impuestos son neutrales, es decir, no afectan el proceso productivo. En otras palabras, con neutralidad impositiva se maximiza la producción
La neutralidad de los impuestos se logra cuando no se aplican sobre los factores productivos. La producción de la institución de salud y del resto se maximiza cuando los impuestos no afectan el proceso productivo.
El impuesto al valor agregado entre los impuestos más neutrales conocidos está el impuesto al valor agregado (IVA). El productor paga el impuesto cuando compra insumos durante el proceso productivo, y recupera lo pagado cuando vende sus servicios dado que lo que el productor le paga al Estado es lo que cobra en concepto de IVA por su venta menos la suma de todos los montos de
IVA pagados cuando compró insumos. De esta forma, el IVA no afecta el proceso productivo. El IVA se convierte en un impuesto no neutral cuando el Estado otorga exenciones a ciertos contribuyentes, de forma tal que los productores que venden a esos contribuyentes no pueden recuperar el IVA que pagaron durante el proceso de producción. Este es el caso de las instituciones de salud privadas que pagan IVA en el proceso productivo pero luego no pueden descargar ese IVA cuando venden, porque las obras sociales están exentas de IVA y las empresas de medicina prepaga tributan sólo la mitad de la alícuota de IVA. De esta forma, el IVA deviene en un impuesto no neutral para las clínicas. El impuesto a las ganancias El otro impuesto importante es el impuesto a las ganancias. No es un impuesto neutral. Es claro que afecta la decisión de producir al gravar la remuneración de uno de los principales factores productivos (el capital propio y la capacidad de gerenciamiento). Sin embargo, es el principal impuesto para la función redistribuidora del Estado. A través de este tributo se puede modificar la distribución del ingreso porque en función de cómo se diseñe puede gravar más a las personas de ingresos altos y menos o nada a las personas que menos ganan. Por su rol redistribuidor se recomienda su uso y por su falta de neutralidad se recomienda que la incidencia efectiva del impuesto sea muy similar entre países y entre actividades e inversiones alternativas, de forma tal que no influya en la decisión de asignación de recursos de los productores. A modo de ejemplo, si lo que se paga de impuesto a las ganancias es igual independientemente del país o del sector donde se haga la inversión, el impuesto deviene neutral dado que no se está induciendo ningún sesgo de conducta inversora en particular.
En palabras simples, dado que el impuesto a las ganancias es imprescindible desde el punto de vista redistributivo es igualmente imprescindible convertirlo en lo más neutral posible haciendo que el impuesto tienda a ser similar en todos los sectores y países. Por eso prevalecen los esfuerzos de armonización tributaria internacional y la armonización doméstica buscando que los países y los sectores no “compitan” entre sí a través de tasas diferenciales de impuesto a las ganancias. Obviamente que esto no se cumple en la realidad. Los países “compiten” con el impuesto a las ganancias y dentro de los países los sectores “compiten” –en función de su capacidad de lobby– con el resto por las inversiones buscando que a su actividad se le aplique tasas inferiores de impuesto a las ganancias. Por esto es que los gobiernos de los países avanzados buscan erradicar esta conducta a través, por ejemplo, de la prédica contra los “paraísos fiscales” y la igualación del impuesto a las ganancias.
El impuesto a las ganancias es fundamental en la función redistribuidora del Estado, ya que a través del mismo es posible modificar la distribución del ingreso.
La importancia del IVA y el impuesto a las ganancias El estado del arte en la teoría de la tributación recomienda hacer descansar, entonces, la estructura impositiva fundamentalmente en estos dos impuestos: el IVA (por su neutralidad) y el impuesto a las ganancias (por su efecto redistribuidor).
El Gráfico 1 muestra cómo se tiende a cumplir este principio en los países avanzados, y a su vez cómo en la Argentina este principio se viola. Obsérvese a grandes rasgos que independientemente del nivel de presión impositiva (desde Dinamarca con cerca de 50% del PBI de presión impositiva hasta EEUU con una presión impositiva de apenas 28%), la regla parece ser la de reposar fuertemente en el impuesto a las ganancias. Asimismo, el otro impuesto con un rol preponderante es el IVA (en EEUU el IVA es reemplazado por un impuesto a las ventas). En Argentina, la presión impositiva es de 32% del PBI, un nivel comparable con los países más avanzados. Pero lo que distingue a Argentina es que el impuesto a las ganancias recauda apenas el 5,9% y el IVA el 7,8% del PBI, niveles extremadamente bajos en la comparación internacional.
El grueso de la recaudación se obtiene fundamentalmente por impuestos no neutrales, sobre el proceso productivo. El 18,4% de los 32 puntos de presión impositiva no proviene de IVA ni del impuesto a las ganancias. Los impuestos que se deben pagar en Argentina para producir atención médica. La lista de impuestos que las instituciones de salud privadas tienen que pagar, directa o indirectamente, para producir atención médica es excesivamente larga. Hay impuestos de todo tipo, colocados por los sectores público nacional, provincial y municipal, de forma superpuesta, que gravan los mismos hechos imponibles pero con distintas normas y definiciones de materia gravada, hecho y base imponible, con diferentes y extremadamente complejos sistemas de percepción y retenciones, etc., todo lo cual torna a la acción de pagar impuesto –paradójicamente– en una actividad en si misma.
La lista de impuestos que de una u otra forma afectan al sector salud son:
Nacionales1
1. IVA
2. Impuesto a las ganancias
3. Impuestos al trabajo (aportes personales y contribuciones patronales)
4. Impuestos a las bebidas no alcohólicas y aguas minerales
5. Impuesto a los débitos y créditos bancarios
6. Impuestos a los automotores y motores gasoleros mayores a $170.000
7. Impuesto a los productos electrónicos
8. Impuesto sobre las primas de seguros
9. Impuestos sobre la telefonía celular
10.Ministerio de Economía. “Tributos Vigentes en la República Argentina a Nivel Nacional – Actualizado al 31 / 03 / 2010”.
http://www.mecon.gov.ar/sip/dniaf/tributos_vigentes.pdf
11. Impuesto sobre los combustibles líquidos
12. Impuesto sobre el gas natural comprimido
13. Impuesto sobre el gasoil y el gas licuado para uso automotor
14. Impuesto sobre las naftas y gas natural para GNC
15. Recargo sobre el gas natural y el gas licuado de petróleo
16. Impuesto para el Fondo Nacional de Energía Eléctrica
17. Impuesto Fondo Provincia de Santa Cruz
18. Impuesto a los pasajes aéreos al exterior
19. Aranceles a la importación de bienes de capital, insumos médicos y vestimenta
20. SADAIC Provinciales Y MUNICIPALES
21. Ingresos brutos
22. Sellos
23 Tasas de comercio e industria
24. Tasa de publicidad
El listado no deja lugar a dudas de que los impuestos que paga el sector salud son muchos. Algunos no son percibidos por el administrador de la clínica porque lo coloca algún proveedor en la cadena de valor y llega a la clínica incorporado en el precio, como es el caso de los impuestos que se aplican sobre los combustibles, los automotores y la energía eléctrica; otros tienen que ser aplicados, retenidos y percibidos por el área administrativo–contable de las instituciones. Para ilustrar el desorden y la falta de racionalidad de este sistema impositivo se presenta el Gráfico 1.
El Gráfico 1 ilustra que, prácticamente, no hay acción dentro la actividad médica que no esté gravada por un impuesto. Al comprar tecnología médica, hay que pagar los sobreprecios que provocan los aranceles a la importación y los impuestos sobre los bienes electrónicos; al contratar trabajadores en relación de dependencia, hay que pagar los impuestos al trabajo; al operar las ambulancias o los motores de las clínicas, se activan los impuestos sobre los automotores, la nafta, el gasoil y el GNC; generar o comprar electricidad implica pagar el impuesto a la energía eléctrica y el fondo de Santa Cruz (no hay que olvidar que las instituciones médicas son consumidores mayoristas de electricidad); tener pacientes internados implica haber pagado aranceles a la importación al comprar el mobiliario y las prendas, impuestos internos sobre las bebidas y SADAIC sobre los televisores de las habitaciones; los insumos médicos y los medicamentos reflejan los sobrecostos de los aranceles a las importación; dar teléfonos celulares a los médicos, fundamental para las guardias, implica pagar el impuesto sobre la telefonía celular. A esto hay que sumar que el área de administración de la institución ha estado pagando impuestos a los débitos y créditos por cada transacción de dinero que realizó por el cobro de una prestación médica o por el pago a algún proveedor o al personal. Ha pagado también impuesto a los sellos por los contratos con los financiadores, a los seguros, a la publicidad, y la lista puede prolongarse ad infinitum. Evidentemente el proceso productivo de la atención médica está fuertemente influido por los sobrecostos que provocan los impuestos. Como agravante, después de pagar todos estos impuestos en el momento en que se está atendiendo al paciente, una vez que los prestadores cobran los servicios de atención médica brindada, recaen los impuestos sobre los ingresos brutos, las tasas municipales y el hecho de que como no se puede trasladar el IVA a las obras sociales –porque están exentas– y sólo se puede trasladar parcialmente a las empresas de medicina prepaga –porque están gravadas sólo con la mitad de la alícuota–, el IVA se convierte en un impuesto más y de esta forma los márgenes de ganancias quedan reducidos a niveles muy exiguos que termina ocasionando que la recaudación del impuesto a las ganancias sea ridículamente
baja, aun cuando la alícuota es muy alta (35% para las sociedades), pero la suma de impuestos que pagaron las clínicas y sanatorios, los laboratorios y las instituciones de diagnóstico, y los consumidores sea muy elevada. Los impuestos generan menor producción y mayor precio
Para ilustrar cómo los impuestos aplicados sobre el proceso productivo encarecen innecesariamente los servicios de atención médica sirve un ejercicio numérico. La estructura de costos de una clínica o sanatorio privado, antes de impuestos, tiene aproximadamente la estructura que se presenta en el Cuadro 1.Allí se clasifican los grandes rubros de costos en términos de recursos humanos (63,6%), insumos médicos (25,2%), insumos no médicos (6,9%), servicios (1,1%) e inversiones en equipamiento (3,2%). Para cada uno de estos grandes componentes de costos se realiza una apertura por ítems con sus respectivas ponderaciones dentro de la estructura de costos El paso siguiente es calcular el impacto directo de los impuestos que se aplican durante el proceso productivo sobre cada ítem de costo. A modo de ejemplo, los impuestos al trabajo se aplican sobre el costo en recursos humanos en relación de dependencia, el impuesto al cheque sobre las compras de insumos, el impuesto a las importaciones sobre la compra de maquinaria, etc., hasta llegar a aproximar el total de impuestos pagado antes de que se genere la ganancia (y haya que pagar el impuesto a las ganancias).
El cálculo que surge es el que se presenta a continuación:
CUADRO 1. // Estructura de costo
I. Recursos humanos 62,7%
Remuneraciones 32,7%
Personal de convenio 29,4%
Personal fuera de convenio 3,3%
Honorario médico de guardia 12,3%
Honorario médico por consulta 12,3%
II. Insumos médicos 22,7%
Imágenes 2,4%
Reactivos de laboratorio 3,0%
Medicamentos y descartables 17,4%
II. Insumos no médicos 10,6%
Alimentación 5,6%
Lavandería y servicios generales 3,0%
Residuos patogénicos 0,7%
Oxígeno líquido 1,3%
IV. Servicios 1,1%
Energía eléctrica 0,8%
Gas 0,3%
V. Inversiones 2,9%
Fuente: ADECRA en base a encuesta a instituciones
Por cada $1.000 de costo de producir atención médica $ 1.000,00
Se estima una rentabilidad de 23% $ 230,00
El precio antes de impuestos sería: $ 1.230,00 IMPUESTOS DIRECTOS EN EL PROCESO PRODUCTIVO
Impuestos al trabajo $ 188,49
Ingresos brutos $ 12,65
Tasas municipales $ 13,80
Impuestos a la importación $ 12,08
Impuestos internos $ 8,27
Impuesto al cheque $ 7,65
IVA crédito fiscal $ 83,45
Total de impuestos directos (1) $ 326,39
PRECIO DESPUÉS DE IMPUESTO S $ 1.556,39
Porcentaje del precio que contiene impuesto al proceso productivo: 27%
Impuesto a las ganancias (35% de la rentabilidad) (2) $ 80,50
TOT AL IMPUESTO S PAGADOS (1 + 2) $406,89
Fuente: ADECRA en base a encuesta a instituciones
Por cada $1.000 de costo para producir atención médica, asumiendo una margen de rentabilidad antes de impuestos de 23%, surge que el precio que se debería colocar a los servicios médicos sería de $1.230.
Cuando se computan los impuestos que el Estado aplica al proceso productivo de una clínica o sanatorio surge que los impuestos (antes del impuesto a las ganancias) suman –conservadoramente calculado– $326,29, es decir, un 27% del precio de venta lo conforman los impuestos al proceso productivo. En otras palabras, los impuestos sobre el proceso productivo encarecen los servicios
médicos, como mínimo, en un 27%.
El cálculo es conservador porque no se están tomando en consideración muchos impuestos que vienen incorporados en los precios (por ejemplo, los impuestos al gasoil que las clínicas pagan por el combustible de las ambulancias, los impuestos al celular que abonan por la provisión de este dispositivo imprescindible para los médicos de guardia y urgencia y emergencia, los impuestos a los seguros, etc.) y además tampoco se están computando impuestos directos sobre insumos que no se consideraron en esta estructura simplificada de costos (como SADAIC a los televisores de las habitaciones, por ejemplo) ni el hecho de que todos los precios de insumos están abultados por el impacto que en los productores de insumos tuvieron estos mismos impuestos que en este estudio se analizan y aplican sobre la estructura de costos de una clínica. En otros términos, no se está computando el “efecto multiplicador” que tienen los impuestos distorsivos en todas las cadenas de la producción. Lo más notable de este simple cálculo es que ilustra con mucha claridad que el Estado cobra en el proceso de producción muchos más impuestos que los que cobra por impuestos a las ganancias. Para el caso de una clínica que sirve de ejemplo, cobra $326,29 de impuestos sobre el proceso productivo contra apenas $80,50 de impuesto a las ganancias por cada $1.000 de costo. Exactamente al revés de los países desarrollados.
En los países avanzados, la estructura impositiva no intercede en el proceso de producción sino que se apoya con mucho énfasis en los dos impuestos más neutrales –el IVA y el impuesto a las ganancias.
Por eso (entre otros factores) tienden a ser sociedades mucho más eficientes con mayor productividad por trabajador, porque el Estado cobra impuestos que no interceden en las decisiones de producción.
Los impuestos sobre el proceso productivo encarecen los servicios médicos, como mínimo, en un 27%, cálculo conservador porque no se están tomando en consideración muchos impuestos que vienen incorporados en los precios, como el del gasoil, celular o los seguros.
Recomendaciones de política
El ejercicio numérico permite mostrar dos fenómenos que no parecen estar entrelazados, pero están estrechamente vinculados. La alta recaudación de impuestos sobre el proceso de producción ocasiona que la recaudación del impuesto a las ganancias sea baja. Intuitivamente esto se explica porque los impuestos sobre el proceso productivo encarecen el producto, lo que redunda en menor producción y menos ventas, esto se traduce en menor rentabilidad y esto en menor impuesto a las ganancias. A su vez, como la producción y las ventas de las clínicas son menores a raíz de los impuestos sobre el proceso de producción, demandan menos empleo y menos insumos, lo que trasunta en un menor nivel de recaudación de impuestos a las ganancias entre los profesionales y los productores de insumos del sector salud. En suma, más impuestos sobre el proceso productivo tienden a minimizar la producción, lo que trasunta en menor recaudación de impuestos a las ganancias.
El Estado cobra en el proceso de producción muchos más impuestos que los que cobra por impuestos a las ganancias.
El cambio productivista se produce transformando y/o eliminando –cuando corresponda– los impuestos sobre el proceso productivo. De esta forma, las empresas maximizan la producción, con ello, se produce una mayor recaudación del impuesto a las ganancias. Esta es la experiencia de los países desarrollados con su fuerte énfasis en los impuestos neutrales (IVA y ganancias). Estas experiencias enseñan que la “fórmula del éxito” no va por el camino de multiplicar los impuestos sobre el proceso productivo, sino eliminar estos impuestos para que las empresas maximicen la producción y las ventas de servicios médicos, lo que se traduce en que los márgenes de ganancias son los máximos posibles y por lo tanto la recaudación del impuesto a las ganancias se maximiza. Puesto en términos muy esquemático, que la estructura impositiva no interceda en el proceso de producción y tener sólo dos impuestos:
IVA y el impuesto a las ganancias.
En términos concretos, esto implica para el caso argentino:
- Utilizar los créditos fiscales de IVA no computables para el pago de contribuciones de la Seguridad Social.
De esta forma, las instituciones pueden recuperar los $83.45 por cada $1000 de créditos fiscales de IVA que se acumulan en los costos de los prestadores por la exención otorgada a los financiadores.
- Eliminar el impuesto a los ingresos brutos y las tasas municipales y aumentar la coparticipación del IVA a provincias y municipios para compensar por la eliminación de sus impuestos:
De esta forma se eliminaría de la estructura de costos de los prestadores médicos los $12,65 de ingresos brutos y $13,80 de tasas municipales por cada $1.000 de costo.
- Eliminar los impuestos internos y el impuesto al cheque:
Lo que eliminaría los $8,27 y los $7,65 por cada $1.000 de impuestos internos e impuestos al cheque.
- Reemplazar los impuestos al trabajo por el impuesto a las ganancias personales preservando el mismo nivel de salario de bolsillo:
Con este cambio, el peso de las cargas sociales ($188,49 por cada $1.000) se atenúa gracias a que la estructura impositiva se hace mucho más progresiva; los impuestos al trabajo establecen una alícuota fija (27% para ANSES), independientemente del nivel de salario, cuando el impuesto a las ganancias plantea mínimo no imponible (se paga a partir de $4.800 para trabajador soltero y $6.660 para el trabajador casado con dos hijos) y alícuotas progresivas a tasas crecientes sobre el margen (9%, 14%, 19%, 23%, 27%, 31% y 35% del ingreso). Este sólo cambio implicaría una reducción sustancial en la presión impositiva sobre la producción (lo que se traduciría en una importante expansión en la contratación de recursos humanos) y una mayor progresividad en el pago de los impues-tos, con un efecto mucho más redistributivo a favor de las personas de menores niveles de ingresos, por parte de la estructura tributaria. Con este cambio estructural, los impuestos sobre el proceso productivo tenderán a desaparecer, la producción y las ventas a crecer, con más y mejores servicios se incrementan los márgenes de rentabilidad y con mayores márgenes aumenta la potencialidad de cobrar muchos más recursos públicos en concepto de IVA e impuesto a las ganancias.
El incremento de estos dos impuestos, en un mercado más ampliado por la desaparición de los impuestos sobre el proceso productivo, más que compensan la eliminación de los impuestos distorsivos.
Se trata de un cambio inteligente y con sentido estratégico: eliminar impuestos distorsivos para maximizar la producción y así maximizar la recaudación de impuestos vía el IVA y el impuesto a las ganancias. El desafío que representa un cambio de estas características parece inconmensurable. Desaniman las propuestas que exponen ideas tan ambiciosas.
Estamos hablando de un cambio inteligente y estratégico, basado en la eliminación impuestos distorsivos para maximizar la producción y así maximizar la recaudación de impuestos vía el IVA y el impuesto a las ganancias.
Pero la intensión no es mostrar lo imposible sino la senda en la que el país se debe ubicar para lograr el desarrollo económico y social. Estas reflexiones, contextualizadas en el sector médico prestador, no muestran sólo el problema de un sector (como sería el sufrimiento de la irracional carga impositiva sobre la producción de atención médica) sino que, utilizando ejemplificativamente al sector salud, procuran ilustrar cómo la irracional estructura impositiva argentina –que prioriza la ineficiencia de cobrar impuestos cuando se está produciendo, en lugar de cobrarlos cuando se obtiene la ganancia–, está hundiendo las bases productivas del país. Retornando a los conceptos con los que se dio apertura a este estudio, cabe llamar a la reflexión y discusión política profunda, madura y
con altura, para lograr crear un Estado argentino que produzca y brinde bienes y servicios públicos de alta calidad, tenga un efectivo y reconocido rol redistribuidor de los ingresos, y utilice inteligentemente las imposiciones para generar conductas deseadas. Todo ello sin cobrar impuestos distorsivos, que –en lugar de colaborar dando un servicio a los ciudadanos y a la Nación– está sumiendo a la estructura productiva y su gente, en la sumisión, la decadencia y el subdesarrollo nacional. Ingresos Brutos y tasas municipales. El impuesto a los ingresos brutos es un tributo provincial que grava básicamente las ventas realizadas en el territorio provincial. Es uno de los impuestos más anárquicos del sistema tributario argentino a raíz de que cada provincia lo aplica con criterios propios, definiendo no sólo diferentes alícuotas, sino también diferentes tipos de hechos imponibles (ventas de bienes intermedios o de bienes finales, productos elaborados en la provincia o en otra provincia, importaciones), diferentes definiciones de bases imponibles (precios de mercado, precios fictos, no computo de bonificaciones, etc.), hay convenios multilaterales entre provincias que implica que el contribuyente debe imputar diferentes partes del impuesto a diferentes jurisdicciones y cada provincia tiene su propia legislación aplicando sus propios métodos de retenciones y percepciones. La complejidad administrativa del impuesto a los ingresos brutos es por lejos la que mayor esfuerzo y horas-hombre insume en las áreas administrativas. Pero además de su complejidad burocrática, se aplica con tasas muy variables según cada provincia y el sector de actividad con una alícuota relativamente pequeña pero calculada sobre el precio final del bien vendido con lo que su im-pacto sobre la rentabilidad es letal, máxime en actividades –como la de servicios médicos– que es de alto volumen y baja tasa de rentabilidad.
Las tasas municipales, en principio, no deberían ser considerados impuestos dado que son en contraprestación por los servicios que las municipalidades prestan al sector productivo local. Sin embargo, en los últimos años han comenzado a proliferar el aumento de estas tasas o la creación de derechos y pagos que las empresas deben realizar a los municipios para ejercer su actividad lícitamente lo que hace que, en los hechos, funcionen cada vez más como un impuesto. Su característica fundamental, además del efecto desaliento al funcionar como una leva medieval, es su complejidad administrativa y burocrática dado que al ser instrumentado desde los municipios, su reglamentación y la aplicación de criterios es tan o más anárquica que el impuesto a los ingresos brutos provincial. Ambos impuestos, además, se superponen con el IVA nacional y como deprimen los márgenes de rentabilidad, funcionan como “detractores” de la recaudación del impuesto a las ganancias, justamente los dos efectos que según las recomendaciones de política hay que tratar de evitar. El caso del IVA: de cómo un impuesto neutral a la producción termina siendo un sobrecosto espurio para los prestadores privados de la salud.
El Impuesto al Valor Agregado (IVA) es un impuesto al consumo. Operativamente funciona de la siguiente forma. Todas las empresas van pagando el 21% de la compra de insumos durante el proceso productivo (excluyendo el pago de salarios), y luego descargan lo pagado por IVA en el proceso productivo cargando un 21% al precio final. A la AFIP, la empresa paga la diferencia entre el 21% que cobró en su precio final menos la suma de los 21% que pagó durante el proceso productivo cuando compró insumos. De esta forma, el IVA no grava la producción de bienes dado que todas las empresas van descargando el IVA que pagan durante su proceso productivo en su precio final. Quien finalmente paga el impuesto es el consumidor final. Que al IVA lo pague el consumidor final no es un defecto del sistema argentino. Es la lógica del IVA, el cual se utiliza en todos los países avanzados y de ingresos medios del mundo. Lo que sí es un defecto del sistema impositivo argentino es que por errores de política tributaria, en salud al IVA lo terminan pagando los prestadores médicos. El problema nace en la decisión del Estado de exceptuar del pago de IVA a las obras sociales y de fijar una alícuota inferior (10,5%) a las prepagas, ambos son los “consumidores” de las instituciones médicas de salud. De esta forma, las clínicas y sanatorios, y los centros de diagnósticos,
tratamientos y laboratorios, e inclusive muchos profesionales médicos, no pueden trasladar el 21% del IVA que pagaron cuando compraron insumos, por lo tanto, los prestadores médicos generan un crédito fiscal por lo pagado por IVA durante el proceso productivo. Teóricamente, quien debe reconocer este crédito fiscal es el Estado, porque al eximir del impuesto a las obras sociales y a las empresas de medicina prepagas lo que está haciendo es asumir él (el Estado) el pago del impuesto. Tan es así que en el Presupuesto Nacional se estipulan montos que el Estado Nacional prevé perder por las exenciones impositivas otorgadas a las obras sociales y empresas de medicina prepaga.
Por ejemplo, en el Presupuesto Nacional del 2010 se previó dejar de recaudar $1.361 millones y en el proyecto de Presupuesto Nacional 2011 $1.571 millones. Estos valores (los $1.361 millones del 2010 y los $1.571 millones del 2011) son los que se acumulan como crédito fiscal de IVA en los costos de los prestadores médicos y que el Estado debe devolver. Pero no lo hace. Con lo cual los prestadores médicos terminan solventando el costo de la exención impositiva dado que acumulan in eternum esos créditos fiscales. En otras palabras, estos créditos terminan siendo un costo más de producción.
Desde ADECRA se impulsa permanentemente la posibilidad de que el Estado reconozca dichos créditos fiscales para cancelar otros impuestos, en particular, las contribuciones patronales. Sin embargo, a pesar de que las autoridades nacionales reconocen la razonabilidad y la legalidad del argumento de ADECRA, hasta el momento no se ha obtenido la justa reparación de este daño económico al sector salud.
Fuente:
www.adecra.org.ar
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